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Gustavo Petro solicita investigación sobre presuntos sobornos en la venta de equipos militares navales a Colombia

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el político colombiano Gustavo Petro ha levantado una fuerte polémica al denunciar una presunta trama de corrupción relacionada con la compra de equipos militares navales en su país. Según Petro, se habrían destinado 80 millones de dólares en sobornos para favorecer una transacción entre una empresa italiana y altos funcionarios del gobierno anterior.

La investigación sobre este caso está en curso en Italia, pero Petro ha solicitado a la fiscalía colombiana que inicie una investigación paralela. Según informes, la fiscalía de Nápoles ha indagado a Massimo D’Alema y Alessandro Profumo por su presunta participación en la venta de buques y aviones militares a Colombia. También se encuentran bajo investigación Giuseppe Giordo, exdirector general de Fincantieri, y algunos intermediarios involucrados en la transacción.

Las autoridades italianas realizaron registros en las propiedades de los involucrados en esta mañana. Según la acusación, “los sujetos investigados han actuado en diferentes capacidades como promotores de la iniciativa económico-comercial de venta de productos de empresas italianas de participación pública, específicamente Leonardo -con respecto a los aviones M 346- y Fincantieri -con respecto a corbetas y submarinos pequeños y astilleros-. El objetivo era obtener la conclusión de acuerdos formales y definitivos con las autoridades colombianas por un valor total de más de 4 mil millones de euros”.

Se les acusa de violar el artículo 322 bis del código penal italiano, que castiga actos de peculado, coacción, inducción indebida a ofrecer o prometer beneficios, corrupción, instigación a la corrupción y abuso de poder por parte de miembros de las cortes internacionales, los órganos de la Comunidad Europea, las asambleas parlamentarias internacionales o las organizaciones internacionales, así como de funcionarios de la Comunidad Europea y de estados extranjeros.

Según el decreto de registro, “Francesco Amato y Emanuele Caruso actuaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de Giancarlo Mazzotta, estableciendo contactos con Massimo D’Alema, quien, debido a su currículum y experiencia en cargos de relevancia internacional, actuó como intermediario informal en las relaciones con los líderes de las empresas italianas, como Alessandro Profumo, CEO de Leonardo, y Giuseppe Giordo, director general de la división de buques militares de Fincantieri. Esta operación buscaba favorecer y obtener la conclusión de acuerdos por un valor total de más de 4 mil millones de euros por parte de las autoridades colombianas. Para lograr esto, ofrecieron y prometieron a otras personas un soborno ilícito de 40 millones de euros, equivalente al 50% de la comisión total de 80 millones de euros”.

En la investigación también están implicados Edgardo Fierro Flores, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez, Ministra de Relaciones Exteriores y Vicepresidenta de Colombia, German Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la comisión del Senado colombiano.

Según las investigaciones, la suma total de 80 millones de euros se distribuiría entre la “parte colombiana” y la “parte italiana” a través de un estudio legal asociado estadounidense, Robert Allen Law, con sede en Miami. Este estudio, presentado y recomendado por D’Alema como agente e intermediario formal en las negociaciones con Fincantieri y Leonardo, fue representado en Italia por Umberto Bonavita y Gherardo Gardo. Su función era la preparación y firma de contratos simulados y formalmente justificados para la transición financiera y los vehículos societarios bancarios y financieros creados específicamente para el tránsito, la distribución y la entrega final de dicha suma, que no se concretó debido a la falta de acuerdo sobre la distribución adicional de los fondos entre los individuos que conformaban la “parte italiana” y la “parte colombiana”.

La defensa de Giuseppe Giordo, a cargo del abogado Cesare Placanica, ha manifestado su confianza en que su cliente saldrá absuelto, calificando la construcción jurídica del caso como audaz. También han cuestionado la competencia territorial para llevar adelante la investigación, ya que solo una fiscalía en todo el territorio nacional ha considerado que existen perfiles de relevancia penal. El abogado Placanica ha expresado su sorpresa de que, a pesar del revuelo generado por el caso, solo una fiscalía haya tomado la iniciativa de llevar a cabo registros, los cuales están destinados a ser difundidos ampliamente en los medios de comunicación.

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